El latifundio es un problema estructural que afecta a la mayoría de los países de América Latina y cuyo origen se remonta al sistema colonial de concesión de tierras. Es, además, un problema que acentúa la exclusión social y reafirma el sistema de desigualdades sociales que impera en nuestro continente. Lo lamentable es que hemos sabido de la injusticia, la hemos palpado y la hemos llorado, pero la protesta y el reclamo legítimo de los hombres y mujeres de nuestros pueblos había quedado convertido en letra muerta. Hasta ahora, y esperamos que ya nunca más.
El conocimiento es parte de la lucha que hemos emprendido en esta gestión bolivariana. Lo que aprendemos nos anota un tanto más en el propósito de alcanzar la justicia que perseguimos. El conocimiento es un arma muy peligrosa cuando le podemos llegar.
Hemos aprendido lo que significa una Constitución y manejamos su contenido. Hemos aprendido que existen leyes y que con ellas podemos reclamar nuestros derechos. Ahora aprendemos que la tierra es de quien la trabaja. Por eso nos negamos al latifundio.
¿Qué es el latifundio? La definición formal nos remite a grandes extensiones de tierras útiles que se encuentran en manos de un solo propietario o de unos pocos propietarios, que disfrutan de elevado prestigio social y decisivo poder político. Generalmente, las utilizan en ganadería o en la agricultura típica de las sociedades tradicionales y no necesariamente acorde con las verdaderas posibilidades agrícolas de la zona. Pongamos como ejemplo el sur del lago de Maracaibo: según los entendidos, posee las mejores tierras del país, con una capa vegetal de un metro de profundidad, es decir, con una real vocación agrícola. Sin embargo, estas tierras fueron dedicadas a una ganadería irracional, en desmedro de su verdadera utilidad.
Por otro lado, la pequeña propiedad rural está en manos de campesinos pobres, que no tienen los medios suficientes para desarrollar una explotación racional. Generalmente son tierras de poca utilidad, y quienes las trabajan viven muy cerca del nivel de supervivencia.
INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA
El latifundio adoptó en épocas de la colonia una forma semifeudal, ubicándose en las plantaciones y en las haciendas: los terratenientes monopolizaban las tierras y el excedente de la producción, y los campesinos se convertían en trabajadores explotados al extremo, a veces, casi en calidad de esclavos. Cuando estas formas de producción dejaron de ser convenientes para la estructura económica, se plantearon cambios. A los pequeños propietarios o a los campesinos sin tierras se les dijo que eran momentos de rupturas y se habló de reforma agraria. Venezuela no fue la excepción. Lo cierto es que los grandes latifundistas buscaban adaptarse a los nuevos tiempos, estimulando la modernización de la explotación agrícola. Finalmente, los beneficios sólo estuvieron al alcance de los grandes propietarios y los campesinos se quedaron sin tierras: se convirtieron en el gran proletariado rural, que alimentó los cinturones de miseria de las ciudades latinoamericanas.
¿Qué dicen las estadísticas? Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), estas cifras revelan la crisis de la tierra en el mundo: 38% de la población rural de América Latina y el Caribe está constituida por pequeños propietarios; 31% por trabajadores sin tierras; 27,1% por grupos étnicos y 5% por pequeñas comunidades de pescadores artesanales.
En Brasil, 1.347.400 pequeños propietarios poseen 2,6% del total de la tierra bajo cultivo permanente, lo que equivale a un promedio de 1,53 hectáreas por propiedad. En Chile, cada uno de los 155 mil pequeños propietarios, con un promedio de 0,86 hectáreas, dispone de 10,8% de la tierra chilena bajo cultivo. En Colombia, el promedio de tierra por pequeño propietario es de 1,12 hectáreas; así, un total de 798.200 pequeños agricultores poseen 16,7% del total de la tierra cultivada permanentemente. En Ecuador, la extensión media de los 492 mil pequeños propietarios es de 0,41 hectáreas, disponiendo, por lo tanto, de 7,5% de la tierra cultivada del país. En Guatemala, con un promedio de 0,97 hectáreas por pequeño propietario, éstos disponen de 20,3% del total de la tierra cultivada del país. En México, el tamaño medio de la pequeña propiedad agrícola es de 1,43 hectáreas, y los algo más de dos millones de pequeños propietarios poseen 12% del total cultivado permanentemente. A su vez, los 827 mil pequeños propietarios de Perú, con un promedio de 1,58 hectáreas cada uno, poseen 35,1% de la tierra agrícola bajo cultivo permanente. En Venezuela, pese a algunos avances iniciales logrados a través de la Ley de Reforma Agraria, pasados más de 40 años, la estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental y no se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó de manera sustancial la calidad de vida de la población campesina.Según el censo agrícola de 1998, elaborado por la OCEI (actual INE), “el 5% de los propietarios agrícolas acaparan el 75% de las tierras. Mientras que el 75% de los propietarios se ven obligados a repartirse sólo el 6% de las tierras”.
En fin, una de las características fundamentales de la estructura agrícola de la región es que la tenencia de la tierra no ha cambiado mayormente desde la colonia, observándose una fuerte y creciente concentración de las explotaciones agrícolas y el aumento del latifundio. Como lo han expresado numerosos economistas, sociólogos y antropólogos: sin la eliminación del latifundio no tendremos una sociedad democrática.
LUCHAS CAMPESINAS
Millones de campesinos han perdido sus tierras, tradiciones y comunidades. Muchos emigraron a las grandes ciudades. Otros optaron por resistir y pelear por su derecho a la tierra y enfrentar en minusvalía los abusos del poder y la violencia indiscriminada propiciada por latifundistas.
En Brasil, por ejemplo, una decisión del gobierno de Lula da Silva de combatir el trabajo esclavo en el campo, provocó una reacción desproporcionada por parte de los latifundistas, a través de sus bandas armadas. A
su ya larga historia de asesinato de campesinos, sumaron, por primera vez, el de tres auditores del Ministerio de Trabajo que inspeccionaban haciendas en busca de peones rurales sometidos a situación de esclavitud.
“Estamos en el siglo XXI y no es posible que se mate para defender trabajo esclavo”, dijo Lula desde Ginebra. Pero esta situación en Brasil tiene una matriz estructural que la hace posible: la propiedad de la tierra en forma de latifundio, que se mantiene por la ausencia (en toda la historia de Brasil) de una verdadera reforma agraria.
El informe “los Crímenes del latifundio”, destaca que la contracara de la concentración de la propiedad de la tierra en Brasil son los 4,8 millones de familias de trabajadores rurales “sin tierra”, es decir, que viven en condición de arrendatarios o con menos de 5 hectáreas.
“Las mejores tierras se destinan al monocultivo para exportación, como caña, algodón, soja y naranja. Al mismo tiempo, 40 millones de personas pasan hambre en el país y gran parte de ellas pertenecen al medio rural”.
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Pastoral de la Tierra (CPT) han venido denunciando la violencia, que en muchos casos acaba en asesinatos que sufren los campesinos. Entre 1985 y 2002, se produjeron 1.150 asesinatos de trabajadores, abogados, técnicos, líderes sindicales y religiosos ligados a la lucha por la tierra. De enero hasta fin de septiembre de 2003, la CPT documentó 60 asesinatos de trabajadores rurales, el doble de los asesinados durante el año anterior.
No podemos dejar de citar la experiencia de México. El 1° de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entra en escena y revela una realidad desconocida para gran parte del mundo. Las acciones de este grupo alzado en armas fueron la consecuencia del movimiento neoliberal para inventar una nueva territorialidad.
Con los zapatistas se levantaron no sólo los indígenas y los campesinos mexicanos, sino también todos los que en todas partes del mundo han formado parte de la sociedad colonial moderna, quienes cobran visibilidad en la escena política.
Pueblos que habían sido asimilados a la naturaleza emergen del fondo de las selvas, sea en Xapuri, ciudad amazónica, sea en la Selva Lacandona, en Chiapas, sur de México, sea por medio del movimiento Chipka de los campesinos indígenas, constituyendo así una internacional campesina: Vía Campesina, la cual lleva la naturaleza y la cultura al centro del debate político mundial.
¿Y en Venezuela? La violencia no escapa de las regiones rurales. Los que no se fueron, los que se quedaron haciendo frente a las limitaciones y a las dificultades, se han visto amenazados por los sectores de poder. En los últimos tiempos, se han registrado hechos de violencia y conflictos diversos relacionados con la distribución de la tierra. El más grave indicador de este conflicto es el asesinato de dirigentes campesinos. La modalidad del sicariato fue la más usada para actuar contra los dirigentes: según una investigación adelantada por la Coordinadora Agraria Nacional, desde enero hasta septiembre de 2003, 20 dirigentes campesinas e indígenas fueron asesinados. Ninguno de ellos murió a consecuencia de actuación de funcionarios del Estado. Esa misma investigación, que no ha concluido, determinó que desde el año 1995 hasta septiembre de 2003, han sido asesinadas 61 personas vinculadas a conflictos de tierras.
Durante el lapso que cubre este análisis, se continuaron registrando asesinatos (informa Provea) de varios luchadores sociales vinculados a la actividad agraria, en la mayoría de los casos bajo la modalidad de sicariato. Hernán Escalona murió y cuatro personas más resultaron heridas de bala cuando los supuestos dueños de un terreno ubicado en Central Matilde de Chivacoa, en el estado Yaracuy, intentaron desalojar a los campesinos de un inmueble.
Tanto campesinos como productores del campo denunciaron hostigamientos realizados por grupos civiles. La Asociación de Cañicultores denunció que “grupos anárquicos mantienen una campaña de hostigamiento y de guerra psicológica contra los propietarios de las haciendas productoras de caña y de sus familiares”.
Por su parte, 42 familias beneficiadas en abril de 2003 por la adjudicación de cartas agrarias en el municipio La Cañada, en elestado Zulia, denunciaron que varios sujetos,que presuntamente actuaban a nombre de lasucesión Urdaneta, propietarios de unas bienechuríasde 75 mil hectáreas, los amenazaron de muerte, tumbaron sus ranchos y arrasaron con parte de los cultivos.
El 29 de febrero de 2004, un grupo armado, integrado presuntamente por cuatro personas, asesinó a Pedro Ramón Doria, de 66 años de edad. Era un activista por el derecho a la tierra y en el momento de su asesinato presidía un comité de tierras en el estado Zulia.
Según informaciones recogidas, los agresores llegaron intempestivamente a la hacienda La Lucha, ubicada en las cercanías de San José de Perijá y lo mataron de 4 disparos. El 14 de abril, fue asesinado el cooperativista Jesús Antonio Guerrero en la zona Sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Días más tarde, el 28 de abril, en el estado Portuguesa, José Israel Rodríguez, de 33 años,
Juan Bautista Lima, de 31 años, y Leonel Rodríguez, de 17 años, fueron hallados con cuatro tiros en la cabeza cada uno, según lo denunció Miguel Ulises Moreno, presidente de la Federación Campesina de Venezuela.
Igualmente, explicó que el sector en que aparecieron las víctimas es una “zona de conflicto por dotación de tierras, donde el Estado venezolano está promoviendo, a través del INTI, el otorgamiento de cartas agrarias”. Es de hacer notar que una semana antes de estas declaraciones fue asesinado frente a la Federación Campesina del estado Portuguesa, el ciudadano Jacinto Mendoza.
LA REFORMA AGRARIA QUE NUNCA FUE
La producción agrícola no es la única alternativa de diversificación económica para apuntalar un nuevo desarrollo para Venezuela, existen otras vías complementarias que no pueden desestimarse. Pero de acuerdo con las condiciones naturales de nuestro medio geográfico y ambiental, en lo atinente a agricultura tropical, ésta es la actividad de mayor potencial y la más consistente en lo económico y social, la más segura, la que tiene mayor capacidad de respuesta en corto tiempo y es la que menos inversión comparativa requiere. Aunado a todo esto, la inversión en el sector agrícola es la de más rápida y de más fácil recuperación.
Lamentablemente, la economía agrícola venezolana en su conjunto no ha podido insertarse de forma definida en el llamado modelo económico. Ese rezago comenzó a configurarse desde que el petróleo desplazó a la agricultura como principal actividad fiscal e instrumento de financiación del gasto público.
En 1960, cuando se aprueba la Ley de Reforma Agraria, el modo normal de tenencia de la gran mayoría de las tierras cultivables en la Nación era el latifundio. Supuestamente, se inició un proceso de erradicación del latifundio y de estímulo al sector agrario, para que fuesen los propios campesinos quienes tuviesen la tenencia de las tierras que cultivaban. Más de cuatro décadas después, luego del estruendoso fracaso de aquel proyecto, se hizo patente la necesidad de un nuevo marco legal, moderno y adaptado a las nuevas realidades del país, y que estuviese en verdadera consonancia con los valores constitucionales, ello por cuanto la Ley de Reforma Agraria, promulgada en una época muy distinta a la actual, resulta inadecuada como base jurídica del desarrollo agrario.
caballito
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